Desde hace décadas, el país se ha caracterizado por la corrupción. Los supuestos representantes del pueblo solo buscan beneficios personales y aprovechan sus cargos para robar. El descaro ha sobrepasado los límites y es hora de intervenir. Después de los bonos de agua en 2008, el Carrusel de la Contratación en 2010, los contratos con Odebrecht en 2014, el Cartel de la Hemofilia en 2015, el Cartel de la Toga en 2017 y demás escándalos que han revelado las ganancias adicionales que reciben los funcionarios, se ha tomado la decisión de ponerlos a prueba. El pueblo ya no aguanta más los abusos de quienes están en el poder y ha impuesto un cambio radical en las reglas del juego. En el último mes, gracias a la victoria de una consulta popular, se le dio el sí rotundo a la reducción drástica del salario de los funcionarios públicos. Lo anterior, con el objetivo de confirmar la lealtad y las verdaderas intenciones de quiénes están en el poder. Por ello, a partir de la fecha, los funcionarios del estado se verán obligados a recibir un salario mínimo, y a su vez, no contarán con su esquema de seguridad ni transporte. Además, sus ingresos y gastos personales deberán ser de dominio público. Con estas medidas se cree que los funcionarios se reformaran en su tarea de trabajar en beneficio colectivo y recordaran que son ellos quienes trabajan para el país, y no al contrario.
-¿Qué pasaría si los representantes de partidos no tradicionales son los únicos que deciden permanecer en el gobierno a pesar de las condiciones?
-¿Qué pasaría si las empresas más influyentes prometen compensar el salario de los funcionarios para obtener contratos?
-¿Qué pasaría si los funcionarios reciben dádivas a través de las cuentas de sus familiares?
-¿Qué pasaría si todos los funcionarios pasan la prueba?¿Permanecería la norma como garantía?
-¿Qué pasaría si los funcionarios de solo una rama del poder cesan sus actividades?
¿Qué pasaría con el desempeño laboral?
Desafortunadamente, la medida no ha mejorado el panorama. Algunos funcionarios de las altas esferas del poder han disminuido su desempeño laboral alegando que su capital no es suficiente. De acuerdo a esto, los empleados han decidido disminuir sus horas de trabajo y vender contratos a las empresas que prometan mantenerlos. También, han puesto ciertas reglas en su favor. Por ejemplo, entendiendo que no tienen el capital de antes, han eliminado los estratos para poder pagar servicios en estrato 6 como si fuera estrato 0. Ahora, han detenido las ramas del poder público con el objetivo de que se reverse el fallo. Según los líderes de la iniciativa, los "castigos" no cesarán hasta que finalmente el pueblo les devuelva sus privilegios. No obstante, la nación no dará vuelta atrás. Aquellos funcionarios que sí han cumplido después de la medida han formado la contraparte. Aunque no son la mayoría, han alzado la voz contra la represión y han declarado la guerra a los otros. Ellos mencionan que el poder no conlleva beneficios, sino responsabilidades. Con una recolección masiva de firmas buscan convocar un referendo que permita hacer una reelección.
Sin embargo, por la desviación del dinero no hay medios para convocar nuevas elecciones. Por tanto, Colombia se encuentra estancada e incapacitada para un cambio. El estado de excepción se encuentra cerca y las capacidades de los gobernantes están a punto de incrementar. La incertidumbre incrementa cada vez más rápido, solo queda esperar.
Karen Yepes
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